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El desgarrador caso de Aurimar Iturriago Villegas, una joven migrante venezolana de 21 años asesinada en setiembre de 2022 en Estados Unidos, ha tomado un giro aún más doloroso.
Su cuerpo fue utilizado en escuelas médicas sin el consentimiento de su familia y, ahora, su madre, Arelis Coromoto, ha recibido la devastadora noticia: nunca podrá recuperar sus restos.
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Han pasado dos años desde que Aurimar, quien llegó a EE. UU. con la esperanza de encontrar trabajo y ayudar a su familia, fue brutalmente asesinada mientras viajaba en un auto cerca de Dallas. Sin embargo, el sufrimiento de su madre se ha intensificado al saber que la imposibilidad de darle un funeral digno se ha convertido en una cruda realidad.
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Un cuerpo “seccionado y etiquetado con precios”
A pesar de que la familia había expresado su negativa a la donación del cuerpo para fines médicos, los restos de Aurimar fueron entregados a una universidad.
Una investigación conjunta de NBC News y Telemundo reveló detalles espeluznantes: el cuerpo de la joven fue seccionado y tasado, con precios que incluían $900 (poco más de 400 mil colones) por su torso y US$703 (poco más de 350 mil colones) por sus piernas, destinados a entrenamientos médicos.
Lo que restó de su cuerpo fue incinerado y mezclado con otros restos no reclamados en una fosa común en Dallas, haciendo imposible su repatriación a Venezuela.
La lucha de una madre por una despedida digna
Las autoridades han argumentado que la familia no reclamó los restos. No obstante, Arelis Coromoto asegura que intentó contactarlos en múltiples ocasiones por correo electrónico.
“Si yo hubiera estado allá hubiera reclamado su cuerpo para traer sus cenizas a Venezuela, yo hubiera hecho hasta lo imposible”, declaró la desconsolada madre a Telemundo.
Para Arelis, la imposibilidad de un entierro adecuado es una herida que no cierra. Continúa realizando misas mensuales por su hija, lamentando: “Fue algo muy cruel. No quedaron ni las señas de las cenizas”.
Ante la publicación del reportaje, la Universidad del Norte de Texas suspendió su programa de donación de cuerpos, despidió a los responsables y se comprometió a no volver a utilizar restos no reclamados. Sin embargo, la familia de Aurimar sigue clamando por justicia y reconocimiento ante esta indignante situación.
